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La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) propuso al Gobierno destinar una partida adicional al programa Techo Propio, pues los fondos de este año ya se agotaron y ahora no se pueden colocar más subsidios para la adquisición de viviendas.

Capeco señala que se requiere destinar S/ 290 millones para atender los requerimientos hasta diciembre, los cuales permitirían construir por lo menos 12,000 unidades de viviendas de Techo Propio.

Asimismo, Capeco advierte que para el próximo año seguirá disminuyendo el presupuesto de subsidios para Techo Propio, ante lo cual solicita el Gobierno destinar un mayor fondo.

Estas fueron las catorce propuestas presentadas hoy por Capeco para reactivar el sector construcción.

A continuación un resumen de las catorce propuestas:

Viabilizar, con carácter de urgencia, la aprobación de los recursos necesarios para financiar el desembolso de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) del Programa Techo Propio, agotados en la actualidad. Se requiere una ampliación de S/. 290 MM para atender los requerimientos hasta diciembre.

Incrementar el presupuesto asignado para el otorgamiento de BFH-Techo Propio para el año 2017. La demanda real es de 60 mil BFH o S/. 1,200 MM, habiéndose definido un techo presupuestal de S/. 465 MM o 24 mil BFH. Cabe señalar que en el 2014 se desembolsaron 45 mil subsidios y 50 mil en el 2015.
Implementar una unidad de medida que permita la actualización de precios, montos de los créditos y subsidios, de manera sistemática. Esto demanda la modificación de la Ley de creación del Bono Familiar Habitacional, que debería presentarse al Congreso de la República en un plazo perentorio. Además, esta modificación de la Ley podría autorizar a los Gobiernos Regionales el empleo de sus propios recursos en el otorgamiento de subsidios de vivienda y mejoramiento de barrios.
Disponer la exoneración del IGV para las viviendas que se construyan bajo el programa Techo Propio-modalidad construcción en sitio propio (corresponde por ser viviendas con precios largamente inferiores a las 35 UITs que es el tope no gravado con el IGV).
Implementar mecanismos para evitar que sigan subiendo las tasas de interés de los créditos que otorga el Fondo Mivivienda. Se propone: (i) Otorgar garantía soberana a las emisiones en moneda extranjera; (ii) Promover una mayor participación de las AFPs en las emisiones en moneda nacional; (iii) Financiar al Fondo Mivivienda a través de líneas de crédito del Banco de la Nación.
Trabajar mecanismos financieros para optimizar los recursos del Fondo Mivivienda: Seguros de Cobertura de Riesgo Crediticio (para bancos comerciales que trabajen con sus propias líneas); empleo de Títulos de Crédito Hipotecario Negociables y estandarización de hipotecas para instituciones de micro-financiamiento. También es necesario promover competencia en el financiamiento hipotecario, incorporando a los Fondos de Inversión Inmobiliaria como originadores de crédito.
Resolver los cuellos de botella que impiden la formalización de la transferencia de 8 terrenos de propiedad del Ministerio de Defensa que fueron transferidos antes del 2011 a promotores privados para la construcción de 10 mil viviendas sociales.
Promover la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado. Se propone reducir al máximo la discrecionalidad de los funcionarios encargados de llevar a cabo las licitaciones; impulsar la estandarización de procedimientos y requisitos.
Poner en marcha una estrategia de prevención y solución pacífica de conflictos sociales vinculados a la ejecución de obras de infraestructura y mega-proyectos productivos, que debe incluir la planificación territorial de las áreas de influencia de dichos proyectos así como la implementación previa de obras de infraestructura social dirigidas a la población que reside en tales áreas.
Introducir modificaciones en los mecanismos existentes para la ejecución de proyectos de infraestructura, entre ellos el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) así como las modalidades de Obras por Impuestos, Iniciativas Privadas y Alianzas Público-Privadas.
Declarar en emergencia la provisión de servicios sanitarios, en aquellas zonas comprendidas en proyectos de renovación de redes que no han sido ejecutados por la existencia de litigios vinculados a incumplimientos de las empresas contratadas para las obras. Esto permitiría desarrollar las obras paralelamente al seguimiento de los procesos judiciales correspondientes.
Promover las asociaciones público-privadas que permitan financiar las obras de renovación de redes de agua y desagüe en aquellas zonas en las que la dinámica del mercado inmobiliario permita la participación de la inversión privada en la provisión de estas infraestructuras.
Implementar la estrategia integral para el combate del crimen organizado en las obras de construcción civil, mediante un esquema de colaboración público-privada, que ha sido presentada por la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) y la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) a la Comisión Multisectorial creada por el Decreto Supremo N° 087-2015-PCM, que contiene acciones integradas en los diferentes ámbitos involucrados en este agudo problema social.
Implementar los Consejos Consultivos en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que -en términos generales- tendrán como objetivos: (i) emitir opinión sobre cada una de las propuestas de norma, programa, plan o política sectorial que sean puestas a su consideración; (b) alcanzar al MVCS o al MTC, de manera consensuada o a iniciativa de algún o algunos representantes, propuestas de norma, programa, plan o política; © impulsar procesos de discusión de estas propuestas, fuera del ámbito del Consejo.

Fuente: Gestión

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